La reciente declaración de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sobre la intención de prohibir la construcción de edificios dedicados exclusivamente a rentas de corta estancia a través de plataformas como Airbnb en zonas con alta presión inmobiliaria —como Roma-Condesa y Calzada de Tlalpan— ha generado un amplio debate. La mandataria argumentó que estas construcciones están transformando la vocación habitacional de dichas colonias y contribuyendo a la gentrificación.
“Actualmente se están construyendo edificios que sólo están sirviendo para las rentas a plataformas. Esto debe estar prohibido”, afirmó Brugada en una declaración reciente que ha resonado tanto en medios como en redes sociales.
En respuesta, la comunidad de anfitriones de Airbnb en la capital ha comenzado a articular una narrativa distinta, buscando distanciarse de la percepción de que son los principales responsables de la gentrificación o del alza en los precios del suelo. De acuerdo con datos compartidos por la propia plataforma, alrededor del 70% de los anfitriones en México solo tienen una propiedad listada para alquiler. Esto sugiere que la mayoría son ciudadanos comunes que rentan su vivienda —o una parte de ella— como complemento a sus ingresos, y no grandes corporativos inmobiliarios.
Además, el perfil del huésped también ha cambiado: en 2024, seis de cada diez reservaciones en la plataforma fueron hechas por viajeros nacionales, lo que indica un uso doméstico cada vez más relevante y alejado del turismo internacional masivo que tradicionalmente se asocia con este tipo de alojamiento.
Anfitriones de Airbnb en CDMX buscan ley que permita seguir con rentas
En redes sociales, agrupaciones como la Red de Anfitriones CDMX han expresado su preocupación ante una posible sobrerregulación. Según sus publicaciones, los anfitriones o “host” como se conocen, representan apenas el 0.7% de la vivienda disponible en México, lo cual consideran un porcentaje marginal dentro del ecosistema inmobiliario nacional. Afirman, además, que su actividad genera aproximadamente 65 mil empleos directos e indirectos en sectores como limpieza, mantenimiento, atención al huésped y turismo local.
La posición de estos anfitriones no es de rechazo total a la regulación, sino de búsqueda de un marco legal “justo y proporcional” que distinga entre pequeños propietarios y desarrolladores inmobiliarios que construyen exclusivamente para la renta a corto plazo. Desde su perspectiva, responsabilizar a todos los usuarios de plataformas por los problemas de vivienda es una simplificación que podría tener efectos adversos sobre miles de familias que dependen de esta economía.
Este nuevo capítulo en el debate urbano pone sobre la mesa un dilema central para las grandes ciudades contemporáneas: ¿cómo equilibrar el derecho a la vivienda con la flexibilidad económica que plataformas como Airbnb ofrecen a sus usuarios? La Ciudad de México no está sola en este reto. Ciudades como Barcelona, Berlín o Nueva York han enfrentado tensiones similares, muchas veces con resultados mixtos, en donde la regulación no siempre ha frenado la especulación inmobiliaria, pero sí ha impactado negativamente a pequeños anfitriones.
El diálogo entre autoridades, vecinos, anfitriones y expertos en desarrollo urbano parece ser el siguiente paso necesario. Más allá de prohibiciones tajantes, podría abrirse la puerta a modelos híbridos, que regulen el desarrollo inmobiliario sin cerrar las posibilidades de ingreso de miles de ciudadanos.
La conversación está lejos de terminar. Y la manera en la que se articule esta regulación podría convertirse en un modelo —o en una advertencia— para otras ciudades latinoamericanas que atraviesan procesos similares.
