La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desmintió la versión difundida por Uber México en la que aseguraba que sus socios conductores podían ofrecer servicios en los aeropuertos del país. A través de un comunicado, la dependencia federal dejó en claro que ninguna plataforma digital de transporte cuenta con autorización oficial para recoger o dejar pasajeros dentro de las terminales aéreas, al tratarse de zonas bajo jurisdicción federal.
La aclaración surge después de que Uber diera a conocer que una resolución judicial impedía a las autoridades sancionar a sus conductores en aeropuertos, interpretación que generó confusión entre los usuarios y los operadores de transporte concesionado. La SICT puntualizó que dicha medida judicial no representa una autorización para prestar servicio en estas zonas, sino únicamente una suspensión que evita posibles actos arbitrarios por parte de la Guardia Nacional o inspectores, hasta que se resuelva el fondo del litigio.
De acuerdo con la dependencia, los permisos para operar en instalaciones aeroportuarias son competencia de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) y deben tramitarse conforme a lo establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Hasta el momento, enfatizó, ninguna empresa de transporte mediante aplicación ha obtenido dicha autorización. Por lo tanto, cualquier operación en los aeropuertos carece de respaldo legal y podría considerarse una infracción.
¿Si pides Uber en el aeropuerto te multan?
La SICT recordó que los únicos servicios facultados para ofrecer traslados desde o hacia los aeropuertos son los taxis concesionados por las autoridades, el transporte turístico con permisos federales y los autobuses que cuentan con contratos o concesiones específicas. Estos prestadores de servicio, añadió, cumplen con requisitos de seguridad, seguros y tarifas reguladas, lo que garantiza una operación controlada dentro de las instalaciones aeroportuarias.
El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de las plataformas digitales de movilidad en México. Desde su llegada al país, servicios como Uber, Didi o Cabify han operado bajo marcos legales locales en las ciudades, pero la situación cambia en los aeropuertos, donde la competencia cae bajo regulación federal. Esto ha generado un vacío normativo que, según expertos en transporte, requiere atención urgente para equilibrar la innovación tecnológica con el cumplimiento de las leyes.
Por su parte, Uber sostiene que la resolución judicial obtenida demuestra que sus conductores tienen derecho a trabajar libremente, sin ser objeto de sanciones arbitrarias o decomisos injustificados. Sin embargo, la SICT subraya que esta interpretación es incorrecta, pues la suspensión provisional no concede permisos nuevos ni modifica la normatividad vigente. “La sentencia no autoriza a las plataformas digitales a operar en aeropuertos; simplemente garantiza que no se realicen actos fuera del marco legal mientras continúa el proceso”, indicó la dependencia.
El tema cobra especial relevancia de cara a los próximos eventos internacionales que se celebrarán en México, como el Mundial de la FIFA 2026, que atraerá a millones de visitantes. La falta de claridad sobre qué servicios pueden operar en los aeropuertos podría generar conflictos entre conductores de plataformas, taxistas y autoridades, además de afectar la experiencia de los turistas.
Organizaciones de transportistas han pedido a la SICT reforzar la vigilancia para evitar la operación irregular de vehículos de aplicación dentro de los aeropuertos. Argumentan que la competencia desleal afecta directamente a los concesionarios que sí pagan derechos y cumplen con los requisitos federales. En contraste, asociaciones de conductores de plataformas exigen un marco regulatorio moderno que reconozca su papel dentro del ecosistema de movilidad nacional.
La SICT, por su parte, reiteró que se encuentra abierta al diálogo con las empresas tecnológicas, pero insistió en que cualquier permiso deberá ajustarse a la ley. La dependencia busca mantener el orden y la seguridad en las zonas aeroportuarias, donde el flujo de pasajeros exige un control estricto.
Mientras el proceso legal continúa, las autoridades han llamado a los usuarios a utilizar únicamente los servicios autorizados dentro de los aeropuertos para evitar riesgos o sanciones. Asimismo, exhortaron a las plataformas digitales a no difundir información que pueda generar confusión o interpretaciones erróneas sobre su estatus legal.
